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Al menos 19.000 plazas, pendientes de la oferta de empleo público de 2017.

La batalla política que se avecina de cara a la aprobación de los Presupuestos para 2017 ya se empieza a escenificar en las reuniones entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos, que negocian la oferta de empleo público de este año y la mejora de los salarios a los funcionarios. La Mesa General de las Administraciones se celebrará mañana, pero el Gobierno maneja estimaciones sobre los puestos de trabajo que podría crear la oferta de empleo público este año. Como apuntan fuentes del Ejecutivo, solo de la Administración General del Estado en fuerzas y cuerpos de seguridad, habilitados y Justicia están pendientes de convocar oposiciones este año de al menos 19.000 plazas.

Esta cifra, incluidas en las estimaciones de oferta de empleo público para este ejercicio que maneja el Gobierno, se deriva de la continuidad de la tasa de reposición del 100% que se aplicó el año pasado en estos ámbitos. El director de Función Pública, Javier Pérez, se reunió la semana pasada con representantes de los principales sindicatos (CC.OO., CSIF y UGT) de los funcionarios y propuso continuar las tasas de reposición que se aprobaron en los Presupuestos de 2016. Estas tasas de sustitución de bajas eran del 100% para los servicios prioritarios -sanidad, educación, justicia, fuerzas de seguridad, lucha contra el fraude fiscal y servicios sociales- y del 50% para el resto. Este año la oferta de empleo público que prevé el Gobierno será mayor que la del ejercicio pasado: en 2016 se convocaron 13.427 plazas de nuevo ingreso en la Administración General del Estado que ascienden a 19.121 si se añaden las de promoción interna.

A estas plazas se le añaden la convocatoria extraordinaria que el Ejecutivo hará para convertir a interinos en fijos. El objetivo es rebajar la tasa de temporalidad pública del 25% al 10% en unos años, según apuntan fuentes sindicales presentes en la reunión con Hacienda la semana pasada. CC.OO. calcula que hay que convertir a indefinidos a 360.000 interinos en comunidades, Estado y ayuntamientos.

Estas 19.000 plazas están en el aire según el escenario que enfrente el proyecto de Presupuestos que el Gobierno presentará a finales de este mes. El Ministerio de Hacienda liga la oferta de empleo público -y el posible aumento de sueldos públicos que se negocie- a que haya nuevas cuentas. Sin embargo, el presidente de CSIF, Miguel Borra, señaló ayer que es posible aprobarla incluso si no hay nuevos Presupuestos. «Hemos hablado con abogados del Estado y nos dicen que si no hubiera presupuestos se podría convocar la oferta de empleo público por real decreto», apuntó Borra. El PSOE coincide en esta tesis y pide al Ejecutivo que apruebe un decreto con la oferta de empleo público y la subida de sueldos del funcionariado. El PP prometió el pasado verano incrementar un 1% los salarios de los empleados públicos.

Expertos consultados señalan que el Gobierno podría aprobar una oferta de empleo público por real decreto, pero que esta debería ser manteniendo las tasas de reposición del ejercicio anterior. Esta tesis se traslada también a la subida de sueldo de los empleados públicos.

Como fuere, desde algunas comunidades autónomas dudan de que puedan convocar por su cuenta ofertas de empleo público para sanidad y educación sin que haya Presupuestos aprobados. Sin cuentas actualizadas, las comunidades autónomas no tienen la cifra de ingresos que les corresponden por el reparto del sistema de financiación y solo tienen las entregas a cuenta prorrogadas del año pasado que les ha facilitado el Ministerio de Hacienda.

Asimismo, las comunidades temen que el Estado pueda recurrir sus ofertas de empleo judicialmente si no se ajustan a lo que el Ejecutivo apruebe. En la memoria está lo que ocurrió en 2012, cuando la Junta de Andalucía tuvo que suspender unas oposiciones y devolver las tasas abonadas a 33.000 opositores porque sacó una oferta superior a la aprobada por el Gobierno. Entonces el Ejecutivo lo recurrió ante el Tribunal Constitucional.

«Ahora comunidades fuertes como Andalucía, Madrid, País Vasco o Cataluña han retado al Gobierno anunciando que convocarán sus ofertas de empleo con o sin Presupuestos. Pero otras como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León o La Rioja han decidido pararlas. Entre jubilados e interinos que hay que convertir a fijos, este año están en juego que se convoquen 100.000 plazas de docentes», describe el presidente de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez. Por ello, la convocatoria de empleo público autonómico está casi congelada a la espera de que haya nuevas cuentas.

Mientras tanto, CSIF denuncia el envejecimiento de las plantillas públicas ante la incertidumbre de si se cubrirán las jubilaciones de los empleados públicos. El sindicato presentó un informe en el que denuncian que la plantilla pública del Estado ha mermado desde 2010 en un 80% su «cantera» de empleados jóvenes menores de 30 años. De esta forma, según los datos de CSIF quedan 1.338 jóvenes en una plantilla de 190.858 empleados de ministerios, organismos autónomos y diferentes áreas de actividad: es decir, un 0,7% del total. Los datos de CSIF arrojan que solo hay un joven en Patrimonio Nacional de una plantilla de 1.290 personas o que en el Ministerio Fomento hay cuatro de 5.014 empleados. Más de 28.000 empleados públicos del Estado tienen más de 60 años y se jubilarán en el próximo lustro.

 

 

 

 

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